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Ucayali y Huánuco: Nuevo informe documenta 19 defensores indígenas asesinados entre 2010 y 2024

Actualizado: 10 dic

Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales de la Amazonía de la Asociación ProPurús alerta sobre impunidad y riesgos para pueblos kakataibo, ashéninka, asháninka, yanesha y shipibo-konibo.


Pucallpa, 4 de diciembre de 2025.


El Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales de la Amazonía de la Asociación ProPurús presentó un informe que documenta 19 defensores y defensoras indígenas asesinados entre 2010 y 2024 en el ámbito de jurisdicción de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), que abarca territorios de Ucayali y Huánuco. El documento advierte que estos crímenes están vinculados a la expansión de la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras en territorios indígenas.


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El análisis identifica como pueblos más afectados al Kakataibo, Ashéninka, Asháninka, Yanesha y Shipibo-Konibo, con especial énfasis en las comunidades nativas Alto Tamaya Saweto (Masisea, Ucayali) y Unipacuyacu (Codo del Pozuzo, Puerto Inca, Huánuco), donde se concentran varios de los asesinatos de líderes que impulsaban la defensa territorial y la titulación comunal. El informe también recoge casos registrados en Puerto Nuevo, Sinchi Roca I, Mariscal Cáceres, Puerto Azul y otras comunidades ubicadas en zonas de fuerte presencia de economías ilegales.


Uno de los hallazgos centrales es la alta tasa de impunidad. De los 19 casos analizados, solo cinco han concluido con sentencias condenatorias, entre ellos el de los cuatro líderes ashéninkas de Alto Tamaya Saweto (2014) y el del líder kakataibo Arbildo Meléndez (2020). El resto de expedientes se encuentra en investigación, en etapa de acusación o ha sido archivado, sin información pública suficiente sobre su avance. El informe señala limitaciones en el acceso a datos fiscales y una respuesta desigual del sistema de justicia.


El documento también revisa el funcionamiento del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y recoge cuestionamientos de las organizaciones indígenas por su cobertura limitada, falta de presupuesto y demoras en la adopción de medidas frente a riesgos ya advertidos. En varios casos, las víctimas habían denunciado amenazas ante autoridades locales, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, sin que se activaran acciones efectivas de prevención.


Foto: Mongabay
Foto: Mongabay

Las organizaciones indígenas subrayan que la protección a los defensores no puede desvincularse de la protección de sus territorios. Señalan la urgencia de acelerar la titulación y el saneamiento físico-legal de comunidades nativas, fortalecer fiscalías y juzgados en Ucayali y Huánuco, y garantizar el acceso a información pública sobre los procesos en curso, así como dotar al Mecanismo de Protección de recursos y protocolos que incorporen la participación directa de las propias organizaciones.


A nivel nacional, ProPurús ha alertado que en la Amazonía peruana existen al menos 226 defensores indígenas en situación de riesgo, y que regiones como Ucayali y Huánuco concentran buena parte de los asesinatos registrados en la última década. La urgencia de atender estas demandas se hizo evidente nuevamente este año, tras el ataque armado del 12 de noviembre en la comunidad nativa Manitiari, provincia de Atalaya (Ucayali), donde resultaron asesinados indígenas asháninkas, hecho que viene siendo investigado por la Fiscalía de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.


El informe completo sobre defensores indígenas asesinados en el ámbito de la ORAU entre 2010 y 2024 estará disponible para descarga en pagina web de la Asociación ProPurús (www.propurus.org), con el objetivo de aportar evidencia para la acción del Estado, la cooperación y las propias organizaciones indígenas en la protección de quienes defienden el bosque y sus territorios.


Descarga el informe aquí.


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Tatiana Zacarias

 
 
 

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